Unas horas después de que Reporteros de Investigación solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) «el informe que la MACCIH le entregó a la Secretaría de la OEA el 19 de octubre de 2017, según se desprende del punto número 12 descrito por Juan Jiménez Mayor en su carta de renuncia del 15 de febrero de 2018», el secretario general, Luis Almagro, lo publicó en el sitio oficial.
Tegucigalpa, Honduras. El primer delincuente de cuello blanco condenado por tráfico de influencias, en Honduras, solía tener un tono de complicidad en el timbre de su voz y la sonrisa casi siempre sutil. Su caso es destacado como emblemático en el informe de la MACCIH que ocultó hasta hoy la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero no sólo eso, también permaneció oculta la trama de supuestas irregularidades para la concesión de una represa que venía denunciando Berta Cáceres al momento de su asesinato en 2016 y la investigación de los nexos de un narcotraficante que se entregó a la DEA y que mencionó a un expresidente de Honduras que en su carrera política había ofrecido “puño firme, trabajo y seguridad” y al menos a 5 congresistas y funcionarios hondureños.
Todos estos casos de corrupción que la MACCIH revela en su informe están ligados por un elemento coincidente, ocurrieron casi en forma simultánea, en menos de una década y salpican a funcionarios del varios gobiernos del Partido Nacional, en el poder.
La supuesta corrupción estatal en la concesión otorgada a DESA ocurría mientras en la costa de Honduras funcionarios y narcotraficantes conspiraban para traficar drogas, asesinar a más de 78 personas entre estas el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el general Julián Arístides Gonzáles, y para supuestamente sobornar al mandatario, Porfirio Lobo Sosa, de acuerdo con el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro).
Al mismo tiempo, en 2011 se aprobaba la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial cuyo primer vicepresidente se sumergió en cultura del tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia para convertirse en un precedente de corrupción que la MACCIH destaca así: «el caso de Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura es ejemplar por diversos motivos. Significó un claro mensaje a los jueces y operadores de justicia para que todos defendamos la independencia judicial».
El informe cita, «las condenas por el caso más grande hasta el momento de fraude económico en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por doce millones de dólares en el caso de “Empresas Fachada” y los viceministros Montes y Pastor, así como la condena por el primer caso en la historia de Honduras de Tráfico de Influencias contra Teodoro Bonilla, marcaron el período. Continúan las investigaciones complejas en el caso Cachiros, los propios del IHSS, el caso Agua Zarca, el caso del Consejo de la Judicatura, entre otros».
Estas son las revelaciones que permanecieron ocultas al pueblo hondureño desde un mes antes de acudir a las urnas.