En un comunicado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechazó las normas del Congreso que aprobó una serie de reformas que según la institución regional y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), son garantes para que los funcionarios públicos señalados por corrupción, sean absueltos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechazó a través de un comunicado, la imposición del Congreso hondureño al aprobar el Decreto No. 141-2017, sobre el Presupuesto General de República para 2018.
En esa disposición, el parlamento, cuya junta directiva fue “ganada” por el Partido Nacional, aprobó una serie de reformas que “constituyen un grave retroceso en los esfuerzos para sancionar el uso indebido de recursos públicos”, según Icefi.
El tema también es preocupante para la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), ayer el vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, cuestionó al Congreso y advirtió que así no están demostrando una lucha contra la corrupción.
Jiménez Mayor dijo que las reformas anularan todo el trabajo de la MACCIH, porque el Congreso autorizó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lleve las líneas de investigación, aunque no tenga la capacidad técnica.
El vocero de la Misión, advirtió que la medida era poco salubre para el país. Por otro lado, hizo mención que en el caso de “Red de Diputados”, está involucrado el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva y otros 60 diputados.
A finales de 2017, la MACCIH informó que cinco diputados estaban implicados en el desfalco de erario público sacado a través de aportaciones a Organizaciones No Gubernamentales, en ese caso fueron señalados: Augusto Domingo Cruz, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleazar Juárez. Cabe destacar que ayer, luego de conocer la noticia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), archivó los documentos y los dejó en libertad.
En el comunicado, el Icefi lamentó la decisión de los legisladores, “puesto que acciones judiciales recientes están demostrando que su aplicación consolida la impunidad en Honduras”. Asimismo, ha ratificado su apoyo a la MACCIH, luego de que Jiménez Mayor denunciara que hay personas que quieren que se vayan.
Según el Congreso, esta medida dará transparencia a las investigaciones, pero, según la MACCIH durante el TSC realice las indagaciones, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal”.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
Honduras: Icefi rechaza normas aprobadas por el Congreso Nacional por ser contrarias a la lucha contra la corrupción y la impunidad
Honduras, congreso nacional, Presupuesto 2018
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechaza algunas normas incluidas en el Decreto No. 141-2017, que aprobó el Presupuesto General de República para 2018, ya que constituyen un grave retroceso en los esfuerzos para sancionar el uso indebido de recursos públicos. Asimismo, el Icefi llama al Congreso Nacional a rectificar y reitera su respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP).
El Instituto rechaza las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a los artículos 16 y 131 «A» de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 83-2004), incluidas en el articulado del Decreto Número 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, aprobado el 18 de enero de 2018. El Icefi explica que se usó el marco legal presupuestario para incluir disposiciones cuya aplicación podrían frenar la investigación conjunta de la UFECIC y la Maccih de actos de corrupción.
El Icefi lamenta la decisión de los legisladores, puesto que acciones judiciales recientes están demostrando que su aplicación consolida la impunidad en Honduras,[1] contrario a lo que el Congreso Nacional ha afirmado en cuanto a que esas medidas promueven la transparencia y rendición de cuentas. Hace ver que las disposiciones cuestionadas no fueron incluidas en el anteproyecto de presupuesto originalmente remitido por la Secretaría de Finanzas, no contienen justificación técnica en materia presupuestaria[2] y pueden contradecir normas constitucionales, la legislación procesal penal y la normativa orgánica del MP y del Organismo Judicial, vulnerando su independencia y autonomía, así como el ejercicio de la acción penal pública en casos de corrupción.
El Instituto manifiesta preocupación por las repercusiones que tendrá la vigencia de estas normas, principalmente en el ámbito penal. En particular señala como muy preocupantes la retroactividad de la ley que permitiría la proliferación de acciones judiciales como la ya acaecida, suspendiendo investigaciones y procesos judiciales en curso, así como las medidas coercitivas decretadas; además, la imposibilidad durante los próximos tres años de perseguir penalmente los casos que sean objeto de la «auditoría e investigación especial» que realice el Tribunal Superior de Cuentas, ya que según la norma aprobada durante este periodo y hasta no haber agotado la vía administrativa «no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal».
El Icefi advierte que la vigencia de estas normas propicia condiciones que, aunque legales son ilegítimas, en tanto toleran que funcionarios públicos que hayan incurrido en uso indebido de recursos públicos no enfrenten las sanciones que establece la ley, no obstante que la lucha contra estas formas de impunidad constituye la demanda más urgente y legitima de la ciudadanía. Además, considera que las normas aprobadas y sus efectos nocivos ya demostrados en la práctica judicial agravan la crisis de gobernabilidad prevaleciente en Honduras, por lo que llama al Congreso Nacional a rectificar. Finalmente, el Instituto rechaza cualquier ataque en contra de la Maccih o de la UFECIC/MP, reiterando su respaldo a ambas entidades en reconocimiento a su liderazgo y su determinante labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad.