La MACCIH-OEA decidió el pasado 13 de julio asumir conjuntamente con el Ministerio Público, la investigación del caso del Proyecto Agua Zarca, implicando denuncias por presunta corrupción que en su momento denunció la asesinada líder ambientalista Berta Cáceres. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural. El anuncio responde a la necesidad de contribuir con las posibles causas del crimen y desentrañar las hipótesis existentes. La MACCIH-OEA ha trabajado conjuntamente con esta Fiscalía alertando sobre las posibles inconsistencias en la entrega por parte del Estado de Honduras de una concesión en muy corto tiempo para un proyecto hidroeléctrico a una compañía que no reuniría los presupuestos y capacidades técnicas para hacerlo. Es decir, la empresa DESA logró una licitación, un contrato de operaciones, un contrato de uso de aguas, un contrato de compra de energía por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y un decreto del Congreso Nacional para aprobar todo ello, en un período breve de tiempo y con un capital social ínfimo; destaca que en este caso no se realizó la consulta previa informada a los Pueblos Indígenas. Además, se busca indagar por qué se cambió el lugar de construcción del proyecto y sus actos administrativos, así como si existe sustento para el incremento de la capacidad y compra de energía por la ENEE. La investigación es conducente a determinar las razones y entramado público-privado de todos estos aspectos y si se ajusta a los estándares normativos y de fondo para este tipo de iniciativas de alta inversión».