La Sala Constitucional declaró inadmisibles recursos de inconstitucionalidad presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sobre reforma a Ley Orgánica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos por carecer de interés directo, personal y legítimo para motivar dicha acción, informó el Poder Judicial este jueves a través de su cuenta en Twitter.
La reforma designa la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la misma, y extiende el proceso de liquidación “retroactivamente” a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, señaló Jiménez.
La disposición señala que mientras el TSC realice la auditoría e investigación especial “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”.
El Congreso aseguró en un comunicado que “lejos de generar impunidad”, la modificación “promueve la transparencia ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales”.
La investigación abarca a 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 oenegés que quedarían en “impunes” si se mantiene la reforma.